¿Dónde nace la inseguridad?

Escrito por 

Vimos tristemente como la corrupción de la mal llamada “Justicia” en Colombia (porque eso es de todo menos Justicia), es tal vez el principal factor generador de inseguridad y de violencia en nuestro sufrido País. Esto no lo descubrimos nosotros, ni lo detectamos nosotros, ni lo estamos denunciando solamente nosotros. Toda la sociedad lo manifiesta: los columnistas de diarios, revistas, noticieros, investigadores periodísticos, investigadores sociales, educadores, y desde luego los miles y miles de víctimas que padecen la corrupción y la impunidad, lo manifiestan a los cuatro vientos a través de artículos, de programas, de estadísticas, de denuncias públicas. Todos los días. En todos los escenarios. Pero no pasa nada. Porque es que el sistema se blindó cuando logro ser Juez y parte en la investigación y corrección de sus falencias. Es el mismo sistema Judicial el que se auto controla, a través de sus propios elementos, igualmente corruptos.

Un conocido que trasiega con actividades judiciales por razón de su cargo en una cadena de almacenes manifestaba que un juzgado en Colombia es más productivo que una notaría. Eso, dice, da más plata que un negocio bien montado, y es plata libre de impuestos. Después con la plata de las ganancias se pueden comprar nombramientos en las magistraturas, en las cortes, etc.

Pero lamentablemente hay otros generadores de inseguridad, también muy importantes. Nos ocuparemos hoy de uno muy particular. Son los elementos de SEGURIDAD, que generan INSEGURIDAD.

La Policía metropolitana de Bogotá a través de su Comandante hace algunos meses informó sobre las alarmantes estadísticas que señalaban la participación de guardas supervisores, escoltas, conductores de seguridad, involucrados en un alto porcentaje de ilícitos cometidos en instalaciones, empresas, conjuntos, residencias, en donde prestaban sus servicios.

La inoperancia del sistema judicial, que establece entre otras cosas calificación de los ilícitos por razón de su cuantía, estableciéndose excarcelación para aquellos que se determinan como “MENOR CUANTÍA”, la cual está en por debajo de $ 6’400.000 y la eternidad de los procesos, los que llegan a cerrarse por vencimiento de términos o “preclusión” en la mayoría de los casos, sin que hayan avanzado en su desarrollo, ocasionan que las denuncias se formulen por simple requisito procedimental, para efectos de seguros, o para poder realizar los movimientos contables necesarios para dar de baja activos, o patrimonio de la empresas, o para afectar el estado de pérdidas y ganancias, más no con la idea de que el delincuente sea debidamente identificado, sancionado, sometido por la sociedad, corregido mediante el adecuado castigo. De manera que el delincuente de seguridad está amparado por una impunidad garantizada, por lo que puede actuar indefinidamente en distintos escenarios, que se van sucediendo uno tras otro, sin que pueda ser ni siquiera señalado.

Sabemos que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se ha empeñado en una cruzada contra este estado de cosas, a solicitud de los usuarios de los servicios de vigilancia y seguridad, que ven la necesidad impostergable de resolver este estado impunidad que se presenta en el sector, gracias al anonimato en que se mantienen los guardas que participan en la comisión de ilícitos en atención al acceso que necesariamente tiene a las instalaciones, a la información, al manejo de procesos, tareas, actividades críticas, al grado de confianza que necesariamente hay que delegarles por razón de su función misma: de seguridad y control.

Actualmente la única forma de tener algún conocimiento sobre la calidad humana de la persona que estamos contratando para delegarle nuestra seguridad, la de nuestro patrimonio, es la de las pruebas de verificación de la verdad mediante la utilización de instrumentos poligráficos. Porque acudir a un reporte de un empleador anterior, en donde nos manifiesten claramente la conducta del empleado cuando se ha visto involucrado en la comisión de ilícitos, es absolutamente imposible, porque esa declaración, si se diera, puede dar lugar a una demanda por parte del empleado a su antiguo empleador. Curiosamente esas demandas, que son laborales, tienen unos procedimientos expeditos, muy diferentes a las demandas penales y civiles, por lo que son falladas rápidamente y como el empleado no ha sido vencido en juicio, y por tanto se presume inocente, el empleador resulta condenado a pagar indemnizaciones inexorablemente.

Si lo que el legislador ha buscado con esta permisividad, con esta generación de impunidad ha sido proteger el acceso al trabajo, me parece que no va a quedar mucho trabajo al final, porque si no se protege a las empresas, ¿Quién va a generar trabajo? ¿El estado? ¿Cómo en Venezuela? ¿Cómo en Cuba?

La Empresa privada, la forma de crear riqueza lícitamente debe protegerse, es la forma de generar recursos para el estado, además de generar trabajo, de desarrollar iniciativa, de desarrollar sana competencia, de hacer crecer una economía. Aparte de cargarla de tributos, y de responsabilidades laborales, el estado debe proteger a la Empresa Privada. En todas las facetas de la economía. La empresa por su parte debe desarrollar todas las actividades necesarias, lícitamente, desde luego, para su protección, para garantizar la continuidad del negocio. Para eso, debe hacer una cuidadosa selección de su personal de seguridad, de manera que este no se convierta en un generador más de inseguridad.

Autor: Germán Duarte Vargas

Visto 2910 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.

EDITORIAL

Ago 25, 2015 1897

Cada cual interpreta como…

by Alexander Becerra