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OPINIÓN: Una Ley a la medida de quien?

Escrito por Martha Pabón | mpabon.asesorialegal@gmail.com

El pasado mes de febrero, el Decreto 356 de 1994 que regula el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada cumplió 22 años de vigencia. Es irrefutable la imperante necesidad de construir un nuevo estatuto que se adapte a los nuevos tiempos. En ese orden de ideas, no cabe duda de la importante y delicada labor que ejerce el Congreso de la República al legislar sobre la materia, labor que ha sido iniciada en numerosas oportunidades, pero que lamentablemente nunca ha prosperado debido al obvio tráfico de intereses económicos que una ley de semejante envergadura involucra, pues se trata de un sector que, para el año 2014 por ejemplo, alcanzó ingresos operacionales por 7,5 billones de pesos.

Tras ser debatido en el Senado de la República, el proyecto de ley 0072 de 2014 intenta convertirse en el nuevo Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, y ha resultado invicto a serias críticas sobre temas puntuales, como el relativo a la exclusión de la inversión extranjera, asunto sobre el cual, a la fecha, no se conoce un análisis económico y constitucional serio abordado desde la absoluta imparcialidad. 

Sin embargo, no todas las críticas han sido superadas, una de las más álgidas y aún inacabada es la relativa al “mico” denunciado públicamente por el Superintendente de Industria y Comercio a propósito del artículo 85 del Proyecto de ley, y el famoso “Cartel de Vigilancia y Seguridad Privada”, toda vez que, según Pablo Felipe Robledo, cuando dicho inciso advierte que a partir de la expedición de la ley se prohíbe una conducta que hoy se investiga en el Cartel de la Vigilancia y Seguridad Privada, tanto en la SIC, como en la Fiscalía, da a entender que esa prohibición sólo queda trazada con la expedición de la ley, y no con anterioridad, lo cual podría ocasionar el archivo de las investigaciones. 

Los medios revuelan a buscar la postura del senador Mauricio Lizcano, ponente del proyecto, como si se tratara de un ring de boxeo, quien en franca posición de defensa parece estar más interesado en defender la ponencia, que en abordar la denuncia al articulado, concentrándose en advertir que nunca recibió comentarios desfavorables por la SIC y por ninguna otra superintendencia, cuando con independencia del trámite, la importancia del asunto tiene que ver con la norma misma. 

El lugar correcto para analizar si cabe razón en la denuncia del escandaloso “mico”, es la norma, el contexto en que se desarrolla, los intereses que involucra y las consecuencias que genera; criterios que, desde luego, el menos experto explora desde su más intuitivo sentido común. He aquí el artículo del que tanto se habla, pero que pocos transcriben a la letra del Honorable Senado de la República: 

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En principio, el artículo establece una prohibición incontrovertible, dados los acontecimientos que desde el año 2011 dejaron entrever unas prácticas aparentemente inadecuadas dentro del sector, y que hoy son objeto de investigación por parte de la SIC y de la Fiscalía. Se trata de la conducta de las empresas Guardianes, Starcoop Cta, Cobasec Ltda, Centinel de Seguridad Ltda, Expertos Seguridad Ltda, Insevig Ltda, Sejarpi Cta, Security Management Group S.A. y 32 personas naturales más, quienes al parecer, habrían“simulado ser competidores independientes en las licitaciones, cuando en realidad habrían actuado de forma coordinada y concertada, engañando a las distintas entidades públicas contratantes”

No obstante, este artículo no solo parece establecer una expresa prohibición en aras de la no repetición de conductas similares a las del cartel, sino que incorpora condiciones de tiempo para dicha prohibición “A partir de la expedición de la presente ley” “que al momento de expedición de esta ley”, lo que preocupa al Superintendente, pues algunos podrían pensar que antes de la ley era perfectamente legítimo llevar a cabo dichas prácticas. 

Surge entonces, como primer cuestionamiento para resolver el intríngulis, la inquietud de si antes de la vigencia de ese artículo se encontraba o no prohibida dicha conducta, ante lo cual, de un lado, encontramos en el art. 410 A del Código Penal, el delito “Acuerdos Restrictivos de la Competencia” (incorporado por el estatuto anticorrupción) “El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con entidades estatales por ocho (8) años”, y por otro lado, las normas relativas a la competencia desleal: Decreto 2153 de 1992:(Art 47 Num 9) “Se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos: (..) Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas”, y la ley 155 de 1959: (Art.1) “Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.” 

Estaban prohibidas desde antes las conductas que hoy se incorporan al proyecto de ley? Por supuesto que lo estaban. Entonces, si esto es así, mantener la prohibición de manera expresa en el estatuto de vigilancia, no sería un exceso, por el contrario, corroboraría la prohibición, pero lo que sí parece un exceso es sujetar esa prohibición a la expedición de la ley con la expresión: “al momento de la expedición de esta ley”, exceso aparentemente ingenuo, pues con el artículo o sin él, la prohibición existe, pero notoriamente peligroso, porque lanza un salvavidas al tinterillo que ávido de argumentos para defender lo indefendible: el “cartel de la seguridad privada”, fácilmente dirá en su alegato que no era clara tal prohibición en materia de seguridad privada, pues, de haberlo sido, no hubiera existido una razón lógica para que el legislador hubiera redactado el artículo de esa manera en una ley de carácter especial como esta. 

Este solo argumento, por controvertible o no que parezca, advierte, sin asomo de duda, que no es la defensa del proyecto de ley lo que debería importarle al congresista, sino el peligroso salvavidas que con él le lanza a quien, según el Superintendente, al parecer controla los hilos de la contratación de seguridad privada en Colombia, Jorge Moreno Ojeda, quien, entre otras cosas, se sabe que fue recientemente  invitado a La Habana, junto a otros cuatro empresarios del sector. 

En un país hastiado por el cartel del papel higiénico, del azúcar, de la salud, de los pañales, y hasta de los cuadernos, se le suma el cartel de la seguridad privada. En un país donde los intereses económicos de algunos permean las decisiones congresuales, pasa en debate un artículo que beneficia los argumentos del cartel de la seguridad privada en forma de salvavidas; idóneo o no, al fin y al cabo salvavidas, lo cual deja bien claro que para regular con eficacia e imparcialidad el poderoso sector de la vigilancia y seguridad privada, además de buenas intenciones, se requiere olfato. 

Acerca del Autor

Martha Pabón Páez 

Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico Negociables, y estudiante de Magister en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado de la misma Universidad, con experiencia de doce años en consultoría y más de siete años en representación judicial de parte. Le caracterizan su visión estratégica, preventiva y práctica del derecho. www.pabonabogados.com.co

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1 comentario

  • Enlace al Comentario Luis Hernando mendez castaño Miércoles, 11 Enero 2017 21:39 publicado por Luis Hernando mendez castaño

    Defender es la más mala de seguridad son unos ladrones q no pagan lo q es smi se me robaron 7 días de Encapacida por q no pagaron eps

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